¡El lobo, el lobo!... Digo…, ¡Los Periodistas!

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

Este que aquí ven, y que no es otro que el ilustre presidente de la Comunidad de Madrid —en el cargo desde que nuestra jovialísima (permítaseme el palabro) «Espe» Aguirre decidió abandonar su timón para dejarlo en tan capaces manos—, ha advertido de que hay que establecer límites a los medios de comunicación, porque hay que cuidar el daño que se hace a personas e instituciones. ¿Qué habrá dicho la prensa esta vez contra su presidida, o contra su presidencia, para que intente poner el parche antes de que se produzca la herida?

Tal vez estuviera pensando en Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, que forma parte del consejo de administración de una empresa —Assignia Infraestructuras— que gestiona todos los servicios privatizados de un hospital en Aranjuez.

La SER destapó que el contrato firmado por Lamela concedía a Hispánica 2010 y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales a cambio de un canon anual de nueve millones de euros durante los próximos 30 años. Total, 270 millones de nada. ¡En estos tiempos de millones y millones evadidos…!
Como el propietario de esa constructora fue imputado por pagar comisiones en la trama Gürtel —¿de qué me suena ese nombre?— y tuvo que vender el 100% de su empresa para pagarle a Hacienda, finalmente Assignia Infraestructuras ha terminado gestionando el Hospital del Tajo, por lo que factura a la Comunidad los dineros mentados, y uno de los sillones del consejo es para el exconsejero, —el que firmó el contrato— como ya sabemos que ocurre cuando un alto cargo político deja el sillón público y pasa al privado.

Como los socialistas en la Asamblea —y otros grupos también— le han dicho lo feo que parece eso, el presidente ha reprochado al portavoz, Tomás Gómez, que criticara que el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela trabaje en la empresa Assignia "cuando otros cargos y excargos del PSOE trabajan para esa misma empresa". Informa El Mundo.

¿Pues habrá que investigar eso también, no? Porque habiendo en este país gente tan bien preparada y sin trabajo, queda fatal que los políticos no vayan nunca a la cola del paro. ¿Huele mal, a que sí?

Y a esto quería llegar yo. ¿Habrá comprobado el presidente madrileño lo bueno que es que los medios destapen el tarro cuyo contenido está ya podrido? ¿Cómo puede pretender silenciar a la prensa, y encima por ley, con el grandísimo favor que le hace a la sociedad a la que sirve?
Porque veamos: los ciudadanos pagamos a los políticos para que gestionen la buena marcha del país y muchos de ellos —como comprobamos un día sí y otro también— nos roban además descaradamente.
Pero también pagamos la prensa —¿o es que nos regalan el periódico en el quiosco?— para que nos informe cuando un empleado nuestro meta la mano, trafique con influencias o siente el culo donde no debe.

¡Pues no señor! La Prensa no solo no debe ser silenciada, sino que debemos animarla todos los días para que siga investigando todo lo que huela a corrupto y pueda acabar corrompiendo al resto.

Así que, ahora que la prensa ha destapado el asuntillo ese del Hospital del Tajo, la policía debe recoger el testigo y pasarlo finalmente a los jueces. ¿O también los silenciamos por ley a ellos?

¿Quién si no la prensa, nos habría dicho que el Club de Campo pagó clases de golf a los Aznar en 2001 por un importe de 9.000 euros?
Que los hubiera pagado a una familia madrileña, sin recursos para sufragar el deporte de sus hijos, pero eso sí, mediante sorteo legal, pase. ¿Pero es que la familia Aznar necesita esa limosna?
Pues ahí tenemos otro servicio público de la prensa a la sociedad: como los Aznar-Botella "no sabían" que debían pagar esas clases, se han apresurado a decir que lo harán. ¿Es un servicio necesario el de la prensa o no lo es?

Sería bueno, por lo tanto, dejar de temer a la prensa para empezar a sentir miedo por todo aquello que no es legal y puede acabar en un titular que impulse a seguir tirando del hilo hasta llegar la madeja.
Los ciudadanos estamos hartos de tanto ladrón y de tanta impunidad a los ladrones.

Y por si alguien lo olvidó, a la Prensa se la considera el Cuarto Poder y, como tal, debe ser bien aceptado y agradecido en una sociedad democrática, como lo es el Ejecutivo —cada vez menos—, el Legislativo —parece seguir dormido— y el Judicial —que últimamente nos está dando grandes alegrías—.

Solo quien tenga algo que ocultar, debería temer la atención de la prensa.

Quizás estaría bien, una vez parece claro que van a desaparecer las páginas de enlaces a descargas, crear algunas en las que figuren los vínculos a todos aquellos titulares que denuncian a los corruptos. Sean de la estirpe que sean.
Si nos quitan la pasta, quitémosles el anonimato.

¡Uhhhhh… Vienen los periodistas!

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…y fueron felices hasta que se acabaron las perdices

Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarín

La decisión tomada hoy por el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, imputando a la Infanta Cristina en la misma trama que amenaza con llevar a su marido a la cárcel, no ha dejado indiferente a nadie.

La Casa del Rey, que durante los primeros momentos no se pronunció al respecto, ha roto finalmente su silencio, para, por medio de un portavoz, «manifestar su sorpresa» por el cambio de postura del juez —frente a la dictada en el auto del 5 de marzo de 2012—, y por haber conocido la noticia por los medios de comunicación.

Sorprende la sorpresa de la Casa del Rey, porque el resto de los ciudadanos no estamos nada sorprendidos. De hecho, nos hubiéramos sorprendido más si el juez no hubiera tomado esta determinación, ya que es vox populi que la Infanta no podía ser del todo desconocedora de los tejemanejes de su marido, quien según todos los indicios, ha medrado cuanto ha podido para lucrarse a costa de las arcas públicas, evadiendo además capital a paraísos fiscales.

Sorprende la sorpresa de la Casa del Rey por haberse enterado por los medios de lo que ya es todo un hito: la imputación de un miembro de la Casa Real. Pero nuevamente, la ciudadanía no está nada sorprendida, ya que son precisamente los medios de comunicación, los que nos están informando cada día de la auténtica podredumbre que se origina allá arriba, donde el populacho no puede llegar y de donde nada debería trascender sin que ellos lo permitieran.
De no ser por los medios, no se habrían (probablemente) destapado escándalos como los de Bárcenas, Gürtel, Faisán, Palma Arena, los falsos ERE en Andalucía o, la última, la fortuna que el padre del Rey dejó a buen recaudo para sus hijos en Suiza, nada menos que mil millones de pesetas.
Así que podemos darnos con un canto en los dientes, por tener todavía unos buenos equipos de periodistas de investigación y unos periódicos que se atreven a publicar casi todo, aunque sea la Corona la que salga salpicada.
Solamente si no tiene trapos sucios escondidos, puede la más alta institución del Estado mirar al frente, sin miedo a ser secuestrada por los chantajistas que buscan su oportunidad para hacerse con sus parcelas de poder y corrupción.

Y sorprende, ¡cómo no!, que la Casa Real se pronuncie sobre una decisión judicial, porque es la primera que debería ser sumamente respetuosa con estos asuntos, sin interferir bajo ningún concepto; ni siquiera cuando el imputado es un miembro de la familia.
Todos recordamos las palabras del monarca, cuando en un mensaje televisado en 2011, dijo que «…la Justicia es igual para todos». ¡Claro que por "todos", entendimos que hablaba veladamente de su yerno! Pero si todos somos iguales ante la Ley, lo que vale para su yerno, también vale para su hija… por mucho que como padre le duela.

Y eso habrá considerado también el instructor, que basándose en más de una docena de indicios, dice que podría haber un delito de cooperación o complicidad por parte de la Infanta en todo este proceso.
Dice también el juez en su auto, que «sin el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real» el Duque de Palma y Diego Torres no habrían podido obtener los fondos públicos que desviaron.
Esa conclusión del juez, apunta a una cierta y paradójica "responsabilidad" del Rey, porque todos sabemos que el rey no puede ser responsabilizado de nada. Y ahí está probablemente el error y el problema, porque en tanto que hombre y padre, el rey debería poder ser juzgado igual que cualquier otra persona; con mayor severidad incluso, porque los errores de quien tiene un cargo como el suyo, son mucho más graves.

Apoyándose en la declaración de Torres y sus numerosos correos electrónicos, así como también en la declaración del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, el juez Castro enumera una serie de indicios que son bastante significativos y se pregunta si el Rey no habló con su hija para comentarle las críticas o recomendaciones que había trasladado a su marido.
Cuesta creer, la verdad, que como padre, D. Juan Carlos no hablara seriamente con su hija y la tuviera al tanto de lo que le podía caer si no frenaba las ansias del duque y le ataba las manos a la espalda; por lo que resulta más increíble alegar que Cristina no sabía nada. Más increíble todavía resulta creer que la Infanta no lee los periódicos, ni ve la televisión, ni se ha preguntado nunca de dónde salió el dinero del palacete de Pedralbes y sus reformas posteriores.

Pero la "sorpresa" de la Casa del Rey por la imputación, no deja de ser una anécdota de quien intenta mirar para otro lado esperando que pase el chaparrón.
Lo extraño, lo verdaderamente inexplicable, es que la Fiscalía Anticorrupción haya planteado un recurso contra esta imputación formulada por el juez Castro.
Es verdad que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y la Infanta tiene todo el derecho a tener esa presunción de inocencia, pero el estar imputada no significa estar condenada, y el juez instructor le ha dado la oportunidad de que se busque un abogado —que como sospechamos, le pagaremos los contribuyentes— que deje claro de una vez, que no ha sido cómplice del saqueo presuntamente perpetrado por su marido y su socio, de más de 6 millones de euros a las Administraciones Públicas.
Solo un veredicto de no culpabilidad o inocencia dictado por un tribunal, puede liberarla de la sospecha de ser cómplice de un delincuente al que se le permitieron muchas cosas, con los resultados que todos conocemos.

O sea que, si como parece haber quedado patente, el saqueo se ha producido, la Fiscalía debería personarse en la causa como acusación EN NOMBRE DEL PUEBLO, que es el mayor perjudicado. Porque también estamos al corriente, de que la Fiscalía «…tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.»

Creo que los ciudadanos no vamos a terminar de entender qué fines persigue ese recurso de la Fiscalía, pero lo cierto, es que todos esperamos del Rey una determinación, clara y contundente, que despeje cualquier duda en el sentido de que una Infanta es mejor que el resto de ciudadanos.

Queda demostrado, más allá de toda duda razonable, que Cristina de Borbón se equivocó al elegir marido o se equivocó al permitirle trapichear con fondos públicos sin exigirle el divorcio, lo cual hubiera hecho cualquier mujer inteligente alertada de los chanchullos de su esposo. Y sabemos que la Infanta es inteligente.
Conclusión: o pecó por obra… o pecó por omisión.

Quizás haya sido muy feliz con el duque, puede que incluso lo sea todavía, pero a esta hora, ya ha asumido que acabe como acabe este proceso, las cosas nunca serán iguales para ella.
No importa que de ser condenada no llegue a ser encarcelada; el daño que habrá hecho a la Monarquía, será difícil de olvidar por un pueblo que cada vez es más republicano. Porque las perdices, especialmente si siempre se las comen otros, acaban empachando.

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